Caracas, 26 de julio de 2006

Ciudadanos
Miembros Rectores del Consejo Nacional Electoral
Su Despacho.-

Me dirijo a ustedes en la oportunidad de señalarles las consideraciones que me merece el Borrador de Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006, que ustedes han sometido a consulta pública de los “actores políticos” a través del sitio web del CNE.

Me permito de plano rechazar el texto de las normas propuestas porque parten de un supuesto errado, como es que en Venezuela no existe la reelección inmediata y por una sola vez para un nuevo período del Presidente de la República, conclusión que se sustenta en la falta absoluta de regulación que limite sus actuaciones en materia de publicidad y propaganda.

Es un hecho público y notorio que el más Alto Funcionario de la República ha señalado en todos los medios de comunicación, así como en sus intervenciones públicas, su voluntad de participar en los próximos comicios electorales. Lo que, desgraciadamente, me lleva a concluir que Uds., rectores del CNE, están evadiendo su obligación de dictar normas que necesariamente limiten la actividad del Presidente de la República en su condición de candidato a la reelección, más allá de su actuación constitucional en el ejercicio de su cargo, a los efectos de que, en la medida de lo posible, se impida un ventajismo abusivo como se hace en cualesquier país medianamente serio en materia de publicidad y propaganda, para que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones.

Es el caso que para cumplir con los principios y derechos establecidos en el Artículo 2 del proyecto de Normas de Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial Diciembre 2006, ese Consejo necesariamente debe distinguir entre él o la aspirante a la Presidencia de la República y el candidato a la reelección porque no todos se encuentran en la misma posición de igualdad que exige la Ley. Obviamente, el actual presidente goza de privilegios que de hacerse extensivos al proceso y campaña electoral, al contar con los recursos del Estado, lo privilegia de manera que, para equilibrar ética y realmente las condiciones de participación en igualitaria y sin ventajismos de todos los aspirantes, sólo es posible si se limitan y/o eliminan las ventajas de quien actúa con los beneficios que acarrea el ejercicio del poder desde su cargo de presidente.

Si el CNE no introduce las modificaciones procedentes para asegurar la igualdad de posibilidades de todos los candidatos, está favoreciendo desvergonzadamente al actual Mandatario, al colocar a los candidatos a competir con un Presidente en ejercicio, cuando lo que debe hacer, para cumplir con la Constitución y las leyes, es bajar al Presidente de su sitial de privilegio y ponerlo a competir con los demás candidatos por los votos del pueblo. Todos somos candidatos, incluyendo al ciudadano Presidente, en materia constitucional no existe ese famoso cinismo de un ex Primer Ministro Británico que se refería a los Estados, con esa pavorosa frase imperialista: “lo que pasa es todos los Estados somos iguales, pero habemos algunos más iguales que otros”.

No pido que el Presidente se separe de su cargo, sólo que baje a competir al lado de los demás candidatos, sin privilegios inútiles, que los pueblos tarde o temprano cobran a quienes abusan del poder, que es del pueblo y no propio de quien lo ejerce en su nombre.

Una campaña presidencial se entiende como el conjunto de actividades necesarias realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener el apoyo a favor de un candidato, de allí la obligación del CNE de preservar la igualdad de trato entre los aspirantes para la promoción pública y la propaganda electoral. Para ello se requiere de normas destinadas específicamente a quien se inscriba como candidato en ejercicio del cargo de Presidente, visto la doble condición de funcionario público y candidato.

Es claro entonces que el Presidente de la República que decide inscribir su candidatura está impedido de utilizar medios, recursos o bienes del Estado para financiar su propaganda campaña y demás actividades afines, quedando a salvo los gastos de seguridad y los que son propios del ejercicio del cargo, no los del candidato.

Por tanto es indispensable que las Normas regulen el acceso equitativo a espacios de comunicación social que usan el espectro electromagnético y el acceso a los canales y radios privados y del Estado, garantizando el equilibrio informativo entre las campañas presidenciales, con prohibición de los candidatos que a título personal directa o indirectamente, desde el momento de su inscripción, pueda contratar, alquilar o producir o dirigir programas en medios de comunicación social.

Hoy día forman parte de un régimen universal de prohibiciones para el Presidente de la República que aspire a su reelección:

- Asistir a actos de inauguración de obras públicas;

- Regular las cadenas presidenciales;

- Entregar personalmente recursos o bienes estatales, suma de dinero perteneciente al erario público;

- Referirse a candidatos a la presidencia en sus discursos o presentaciones públicas como jefe de estado o gobierno;

- Utilizar su imagen, símbolo, consigna de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno;

- Utilizar bienes del estado, diferentes a los destinados a su seguridad personal en actividades de campaña electoral;

- Aumentar los recursos destinados a la publicidad estatal;

- No aumentar la nómina estatal durante los meses de campaña.

Mientras el CNE no asuma con seriedad sus obligaciones, no tiene sentido hacer otros comentarios sobre la cantidad de absurdos y contradicciones que contienen las normas propuestas. Estas son normas que mas parecen destinadas, además de favorecer al presidente en ejercicio a castigar a los medios privados de comunicación social. Creo que todos los venezolanos debemos ser considerados, sin discriminaciones y por sobre todas las cosas ser respetados en nuestra dignidad humana.

Atentamente

(FDO)
Cecilia Sosa Gómez
info@ceciliasosa.com